Este 9 de noviembre se hará la denuncia pública en el municipio de Filandia, Quindío
| César A Franco. Congresista |
Lo que ha sido cuestionado de manera puntual por la sociedad civil representada por la totalidad de las juntas administradoras locales, las juntas de acción comunal, Ong’s y comunidad en general involucradas, las cuales han oficiado inútilmente ante la empresa ejecutora de la obra, que ha interpretado la necesaria socialización de la obra con las comunidades, como la notificación inapelable de un hecho cumplido.
La sociedad civil, las organizaciones defensoras del medio ambiente, el gobierno seccional y las autoridades ambientales que tan rigurosas han sido con los proyectos locales, prohibiendo en el sector hasta la concesión de matrículas de agua, tienen que tener el mismo mazo para contener las amenazas externas y ejercitar su control y prohibición; no pueden pasar de agache ante la arrogancia técnica de una empresa que desconoce el perfil socio-económico de la región y que tiene una clara responsabilidad social, en particular la responsabilidad constitucional de garantizar a todas las personas el derecho a gozar de un ambiente sano.
No se pretende desconocer la importancia de un proyecto eléctrico indudablemente beneficioso para Armenia que con seguridad es absolutamente necesario, pero se requiere flexibidad técnica y no subestimar a una comunidad frágil y dispuesta a colaborar equitativamente; la viabilidad técnica no puede sacrificar al hombre del entorno en la vigencia de un estado social de derecho, ni poner en tela de juicio la integridad del medio ambiente y la sostenibilidad del “Paisaje Cultural Cafetero” que es un proyecto vital para la zona y responsabilidad de todos.
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