Mesa de diálogos para la paz y el desarrollo rural (Epílogo)

Releamos lo pactado en la CARTA DE PUNTA DEL ESTE, que consignamos en nuestro anterior artículo:

“Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde se requiera, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de manera que mediante el complemento de crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica, la comercialización y distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad”.

¡Qué bellas intenciones tan bien enunciadas, si se hubieran cumplido! ¡La más pura prosopopeya! Discutido el proyecto de ley, hechos los acuerdos políticos necesarios para conciliar tendencias abiertamente contradictorias y en “cumplimiento” de lo acordado en Uruguay, el 13 de diciembre de 1961, el entonces Presidente de la República de Colombia sancionó la Ley 135, la que se constituyó en el estatuto fundamental de la Reforma Agraria en nuestra Patria.

Como herederos que somos del lirismo hispano, éste no podía estar ausente en nuestra legislación, como se advierte desde el principio de la lectura de su texto, especialmente cuando señala sus objetivos. Y he aquí su primera contradicción. Creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria como establecimiento público, o sea como entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que debería cumplir con los objetivos de Ley. Y enseguida el artículo 3º señaló como funciones del INCORA otras bien distintas de las que harían posible alcanzar, aunque fuera en mínima parte, los objetivos por ella señalados. Y por tanto las herramientas jurídicas con que se le dotó para sus actividades también estuvieron limitadas a las funciones del Instituto y no a los objetivos; y cuando se trataba sobre mecanismos que permitieran ejecutar acciones en procura de los objetivos, se encontró con una total ambigüedad de tal manera que era permisible la libre interpretación (hermenéutica jurídica) lo que permitió dilatar demasiado los procedimiento de compra, expropiación y extinción del dominio de tierras aptas para su adecuada explotación. Lamentablemente en Colombia bien sabido es, que “hecha la ley hecha, la trampa”.

En el mandato de CARLOS LLERAS RESTREPO (1966–1970) la Reforma Agraria recibió un especial espaldarazo: 1) Se introdujeron algunas modificaciones a la Constitución y a la Ley 135 para impulsar los procesos que entonces adelantaba el INCORA. 2) A través de la campaña de Organización Campesina, el Ministerio de Agricultura abrió paso a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC- a través de la cual el campesinado precarista agitó las banderas de la recuperación de tierras y de decidido apoyo a los programas de R.A. aunque no necesariamente al INCORA. Estos dos hechos ocasionaron profunda preocupación en los terratenientes y, con ellos, al sector capitalista.

La respuesta de la derecha no se hizo esperar para debilitar el tenue proceso de Reforma Agraria que se pretendía vitalizar. En 1969 se arma el escándalo Fadul y Peñalosa, éste último por entonces Gerente General del INCORA, razón por la que se retiró del cargo. Luego en la administración de MISAEL PASTRANA BORRERO (1970-1974) se firmó el Pacto de Chicoral que, en esencia, consistió en desacelerar, o, mejor, minimizar la Reforma Agraria (Ley 4ª de 1973) y dividir a la ANUC, resultando dos líneas claramente definidas y abiertamente opuestas en sus propósitos: 1) La línea ARMENIA, de derecha, defensora de la propiedad privada y, por tanto del feudalismo a través de arrendatarios y aparceros; y 2) La línea SINCELEJO, con tintes de izquierda, persistente en su ardua tarea de recuperar tierras, con un profundo sentido de las luchas agrarias y la humanización de la labor campesina. En menos de tres años, los enemigos de la R.A. lograron desbaratar los avances de más de 50 años de luchas campesinas por la propiedad de la tierra. Con las leyes 30 de 1988 y 160 de 1994 se dio el puntillazo final al INCORA por sustracción de materia, lo que facilitó su liquidación; y, en su reemplazo, la creación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- lo que ha permitido que la contra reforma agraria tenga un inusitado impulso.

En conclusión: los conatos de Reforma Agraria siempre han tenido sus anti reformas y su contra reformas. Entonces, ¿borrón y cuenta nueva? Ojalá lo supiéramos. La concentración de la propiedad de la tierra es determinante de que las estructuras agrarias en nuestro país sean ominosas; quizás, aplicando el enunciado maoísta de “agudizar las crisis”, se logre un verdadero acuerdo de equidad social rural. Y como si fuera poco el problema que tenemos con la concentración de la tierra y de los medios de producción agropecuarios en pocas manos de connacionales, ahora hemos detectado enclaves extranjeros, especialmente hindúes, japoneses y chinos, en cuyas manos reposa una buena cantidad de hectáreas de ubérrimas tierras. ¿Nos están colonizando o invadiendo? Debemos manifestar que no sufrimos de xenofobia; de lo que se trata es de defender nuestra tierra, que por sus peculiaridades de no reproducirse ha sido causa de seculares luchas por detentar su tenencia y/o propiedad.

Entonces, ¿Reforma o Desarrollo? Insistimos en que se hable de y se haga REFORMA, aunque somos conscientes que en nuestra Patria “da lo mismo caer que quedar colgando”. Algunos nos han dicho que son eufemismos, otros que retórica y los más discretos que es cuestión de semántica. ¡Claro, todos tienen razón! según sea el ángulo desde el que se le mira y, sobre todo, la perspicacia con que se le tome. Nuestro Profesor de Derecho Agrario, Francisco Oliart, nos explicó meridianamente la diferencia conceptual y operativa de los dos términos, pero también fue muy claro: cualquiera es realmente posible dependiendo de la convicción y decisión políticas y no de la conveniencia partidista o parcialidad de coyuntura oportunista. Este espinoso tema debe responder a políticas de Estado y no del Gobierno de turno.

Quedamos a la expectativa de conocer cómo el Estado y el Gobierno conciliarán y sincronizaran los diferentes procesos que actualmente se adelantan, como el de restitución de tierras, atención a desplazados, reparación a las víctimas del conflicto armado y marco legal para la paz, entre otros.

Este miércoles 9 de enero, la ONU y la gloriosa Universidad Nacional de Colombia entregaron a la Mesa de Negociaciones para la Paz las conclusiones del recién realizado Foro Ciudadano sobre lo que se debe tener en cuenta dentro de este difícil pero no imposible proceso de concertación para el bienestar rural de nuestra Patria.

Hasta ahora desconocemos el contenido de los aportes en materia agraria hechos por los colombianos para enriquecer los diálogos para la Paz que los dos sectores, Gobierno y Guerrilla, reiniciarán en La Habana el lunes 14 de enero. Hacemos nuestros mejores votos porque la tan ansiada PAZ nos llegue orlada con un reverdecido ramo de olivo, para que se quede para siempre viviendo en los corazones colombianos y, ojalá, de todo el mundo.