PGN. Durante la primera jornada del Seminario de inducción a la Administración Pública para alcaldes(as) y gobernadores(as) electos(as) 2012-2015, ante un auditorio de más de 1.000 personas de todas las regiones del país, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, hizo un llamado a los futuros mandatarios territoriales para que actúen con prudencia y ejerzan sus cargos con el adecuado y responsable ejercicio de la función pública.
Con un recorrido por el ciclo de la administración pública, desde el proceso de planeación hasta la retroalimentación y evaluación de lo ejecutado, el jefe del Ministerio Público presentó el que denominó “listado de imperdonables” de los mandatarios locales, como un ejercicio de carácter preventivo. En este sentido se refirió a:
1. Omitir el diseño de un plan de desarrollo que responda a las realidades locales. “En el común de los casos, contratan consultores, que simplemente copian o transpolan planes de desarrollo de otras latitudes, épocas y realidades y ni siquiera se esfuerzan por actualizarlos o contextualizarlos”, aseguró.
2. Elaborar planes de ordenamiento territorial (POT) que no se ajustan a la realidad y a las necesidades de la comunidad.
3. Construir presupuestos irreales, con ingresos inciertos, ocultando déficits y sobre bases financieras artificiales.
4. Contar con bancos de proyectos desactualizados: “Con frecuencia, nuestros administradores caen en la trampa de consultores o contratistas, que les venden proyectos o programas que no se ajustan al plan de desarrollo local, ni a las realidades, sino que responden a los intereses particulares o de grupo”, señaló.
5. Programar los flujos de caja desatendiendo el proceso de planeación.
6. Desarrollar procesos de contratación sin transparencia y sin objetivos claros o concordantes con las políticas administrativas. “En este aspecto, señores administradores territoriales, debo recordarles que el mejor antiséptico contra los problemas y la corrupción es la luz del sol, es decir, la visibilidad en todos los actos de gobierno”, puntualizó el procurador.
7. Contratar sin atender los procedimientos contractuales definidos por la Ley.
8. Inadecuado seguimiento a los contratos. En este sentido aseguró que con frecuencia los gobernadores y alcaldes, terminan investigados o sancionados, por ser tolerantes con el incumplimiento por parte de contratistas y consultores.
9. Desatender la inversión de los anticipos.
10. Recibir dadivas, coimas, invitaciones y viajes que los contratistas o beneficiarios del Estado ofrecen sin aparente interés. “Un buen rato o un placer momentáneo, puede concluir en un gran problema para el resto de sus vidas”, advirtió el doctor Ordóñez Maldonado.
11. Descuidar los aspectos relacionados con la deuda pública, las anualidades presupuestales y sus reservas, así como las vigencias futuras.
12. Desinterés en la ejecución de los recursos dirigidos a prevenir o mitigar las consecuencias de desastres naturales.
13. Desatender los procesos de educación; recalcó la importancia de “ser cuidadosos” al momento de suscribir sus contratos de gestión educativa en cualquiera de sus modalidades.
14. Ineficiencia en el gasto en materia de necesidades básicas insatisfechas y de las estrategias para atender las políticas de aguas y vivienda.
15. No observar el adecuado seguimiento a los contratos en materia de salud.
16. Descuidar la implementación de las estrategias medioambientales definidas por el Gobierno Nacional y las demás autoridades del ramo.
17. Desatender el continuo seguimiento a la gestión y desempeño de sus subalternos y adelantar las acciones disciplinarias que les corresponden.
18. Abandonar a las personas en estado máximo de necesidad en el ente territorial especialmente a los desplazados, a los afectados por el la violencia, a los desaparecidos y a sus familias.
El procurador destacó que gracias al fortalecimiento de las funciones preventivas y de vigilancia y control por parte de la Procuraduría, se cuenta actualmente con instrumentos, prácticos, que permiten verificar oportunamente qué administración territorial no está ajustándose a la norma en materia de contratación, administración, presupuesto y otros aspectos críticos de la gestión pública.
Aseguró finalmente que uno de los objetivos de su administración es que, antes de un año, la totalidad de las administraciones territoriales, estén cumpliendo la totalidad de las normas estratégicas anticorrupción y que con ello garanticen transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública.
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