La Sala Penal del Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura que existía contra los siguientes senadores del Partido de la U: Dilian Francisca Toro Torres, Manuel Mesías Enríquez Rosero, Piedad del Socorro Zuccardi de García, Juan Carlos Roberto Vélez Uribe, José David Name Cardozo, Armando Benedetti Villaneda, Carlos Roberto Ferro Solanilla y Jorge Aurelio Iragorri Hormaza.
Según los demandantes, los congresistas habrían incurrido en tráfico de influencias al haberse valido de su condición de senadores para someter a aprobación en la Plenaria del Senado, el nombre de la Senadora María Isabel Mejía Marulanda para integrar la Comisión Primera Constitucional Permanente y al Senador Charles Shultz para integrar la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, violando con esta decisión los derechos de éste último.
Ante ésto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo determinó que la propuesta hecha por los 8 senadores del Partido de la U se sustenta jurídicamente en el artículo 54 de la ley 5° de 1992, donde se afirma que le está permitido a las Cámaras la autorización del cambio o traslado de los integrantes de las Comisiones Constitucionales; de esto se desprende que los congresistas están facultados para presentar proposiciones y que las Cámaras pueden autorizar cambios o traslados de Comisiones.
Además no se recibieron pruebas que señalaran que los congresistas acusados hayan recibido, dado o prometido, algún dinero o dádiva a los integrantes de la plenaria del Senado para que aprobaran la elección de la senadora María Isabel Mejía Marulanda en la Comisión Primera; no se demuestra que alguno de ellos haya obtenido algún provecho o beneficio con dicha proposición, lo cual también es un elemento esencial para que se constituya el tráfico de influencias.
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