Según Barrios, podría haber una condena negativa para el Estado, si se tiene en cuenta que existen versiones judiciales que demostrarían que varias de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia si desaparecieron.
En el documento de defensa del Estado colombiano, se manifiesta que no existen pruebas para afirmar que hubo desaparecidos el 6 de noviembre de 1985, cuando ocurrió la toma por parte de miembros del M19 y se señala que toda la responsabilidad de lo ocurrido en la retoma recae solo y exclusivamente en el grupo guerrillero ya desaparecido.
Rafael Nieto fue contratado por el Estado colombiano para que busque la exoneración de toda responsabilidad a las Fuerzas Militares. Para ello, defensa del Estado, lo contrató tres días antes de responder la demanda y le pagó $400 millones de pesos según asegura la Corporación Nuevo Arco Iris.
Entre los meses de junio y julio, la CIDH citará a una audiencia pública a las partes intervinientes para que hagan sus alegatos.
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