La Secretaría de Educación Departamental, advierte sobre la falta de respuestas oportunas de parte de la Unidad Nacional de Protección.
14 docentes de los Municipios No Certificados en Educación de Risaralda, se encuentran amenazados en la actualidad, los cuales reciben acompañamiento por parte de la Administración Departamental.
Como preocupante calificó el Secretario de Educación, Iván Arroyave Peláez, la situación de los docentes amenazados en el departamento de Risaralda, ante la ausencia de respuestas oportunas por parte de la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad nacional encargada de realizar los estudios de seguridad y plantear los esquemas necesarios para salvaguardad la integridad de los ciudadanos considerados en algún tipo de riesgo.
Según el funcionario, hasta seis meses se han tardado varias de las solicitudes enviadas a la Unidad Nacional de Protección, para que analicen el Nivel de Riesgo en que se encuentran los maestros amenazados y el Estudio de Seguridad para calificar el Nivel del Riesgo Ordinario o Extraordinario.
“Además, cuando finalmente llegan las respuestas, la Unidad solo nos refiere el nivel de riesgo, pero no brinda los parámetros, ni los esquemas de seguridad necesarios para preservar la vida e integridad personal de los docentes” afirmó Arroyave.
Añadió que desde la Secretaria de Educación, se están cumpliendo con los protocolos establecidos en la ley, ya que de manera inmediata se logra un acercamiento con el docente que manifieste amenazas contra su vida, se busca concertar su traslado y se realiza acompañamiento permanente, mientras la Unidad Nacional de Protección cumple con sus análisis.
“Desde la semana anterior se ofició a los Ministerios del Interior y de Educación y a la Unidad Nacional de Protección, solicitando celeridad en estas atenciones, pero aún no hemos obtenido respuesta” puntualizó Iván Arroyave.
Datos de Interés
14 son los docentes que en el departamento de Risaralda que han manifestado recibir amenazas contra su integridad.
Los esquemas de seguridad deben ser planteados por la Unidad Nacional de Protección conforme al Decreto 1628 de 2012.
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