Hace algunos días escuchamos al señor Alcalde de Dosquebradas manifestando su inconformidad porque no se le permitió al Municipio realizar la contratación de algunas obras cuyo presupuesto es significativo, entre ellas la construcción de mil viviendas que se adjudicarán gratuitamente y la de “construcción, optimización y mejoramiento de obras complementarias del Plan Maestro de Acueducto” por valor de $7.361.569.934, de los cuales SERVICIUDAD aporta $80 millones como contrapartida, contrato que fue adjudicado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a una Unión Temporal costeña. Seguramente la Interventoría de este contrato por valor de $438,1 millones, también se adjudicó a una persona natural o jurídica de otro lugar de nuestra ciudad.
Compartimos con nuestro Alcalde su inconformidad, según lo expresado por él, porque no se da oportunidad a los Ingenieros de nuestra región y con ellos a la ocupación de la mano de obra de nuestros conciudadanos. Pero al analizar desprevenidamente la situación no es tan simple.
La normatividad sobre contratación pública, profusa por cierto, abre la puerta a quienes consideren que cumplen con los requisitos para licitar la ejecución de las obras que se pretenden desarrollar. Nuestros profesionales en las diferentes áreas deben organizarse en Uniones Temporales, Consorcios, etc. si así lo demandan las condiciones de convocatoria, legales o empresariales suyas, para participar en los procesos licitatorios en igualdad de condiciones a otros proponentes de diferentes partes del país. Y sabemos que tenemos muy buenos profesionales (Ingenieros Civiles, Arquitectos, etc.), sin embargo la pregunta es ¿por qué no participaron en la licitación? O si participaron ¿por qué no les fue adjudicada la obra? Hablamos de la del Acueducto, porque la de construcción de las 1.000 viviendas sí se adjudicó a tres firmas de la región.
Ahora bien, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico delegó en FINDETER la Gerencia del Proyecto y los dineros presupuestados fueron consignados en fideicomiso. Asumimos que todas estas decisiones se han tomado para prevenir cualquier malversación de los recursos. Nos parece mejor que así haya ocurrido para que la Administración local no se exponga a padecer el viacrucis como el que Pereira recién afrontó con la contratación de las obras del Aeropuerto Matecaña.
Ahora lo importante es que SERVICIUDAD vigile celosamente la ejecución de las obras mencionadas; que en forma consensuada con la Unión Temporal se logre la contratación de la mayor cantidad de mano de obra calificada y no calificada local; y que se le exija todas las garantías del caso para que no les “paren palo” en el pago de sus salarios y prestaciones sociales, como sabemos que ha sucedido con otros contratistas.
Finalmente, abogamos porque se constituya una Veeduría Ciudadana eficiente para que realice auditoría social al desarrollo de tan importante obra, que beneficia a un vasto sector de nuestra ciudad.
LA VIVIENDA GRATIS EN DOSQUEBRADAS.
En buena hora la actual Administración Municipal gestionó ante el Ministerio de Vivienda la construcción de 1.000 viviendas gratis para nuestro municipio que, según informes recibidos, se asignarán a familias así: 220 a desplazadas; 220 a localizadas en zonas de riesgo, damnificadas por la ola invernal de años anteriores; y 560 a inscritas en la Red Unidos, esto es, en extrema pobreza. Existe una alta posibilidad, casi con certeza, que dentro de éstas últimas hay muchas familias desplazadas, lo que podría significar que podrán llegar a beneficiarse en mayor número. La verdad es que no conocemos la metodología que va a aplicar COMFAMILIAR RISARALDA que es la entidad operadora del programa.
Estas viviendas se están construyendo en tres sectores diferentes de la ciudad; y las familias potenciales beneficiarias están dispersas. Al adjudicárseles las viviendas tales segmentos de población, desde luego, se concentrarán en esos nuevos núcleos habitacionales.
Y lo que nos preocupa sobre el particular es: a) ¿Se están construyendo los centros educativos y puestos de salud necesarios? b) ¿Se les dotará de áreas recreativas y deportivas, especialmente para niñas, niños y adolescentes? c) ¿Qué estrato se les va a asignar? Porque si es 3 muy difícilmente van a poder pagar los servicios públicos domiciliarios; y si es 1 o 2, se deben prever incrementos en los recursos para los subsidios correspondientes. Y d) ¿Qué fuentes de trabajo digno se fomentarán o crearán, especialmente para las familias desplazadas? Porque ninguno, o muy poco, será el logro de contar con una vivienda si no cuentan con los ingresos necesarios para su congrua subsistencia. Y todos sabemos el que hambre genera violencia.
LAS CASAS DE PANORAMA COUNTRY II.
Es lamentable, además de inadmisible, que las viviendas que hace aproximadamente un lustro entregó el I.D.M. actualmente estén acusando graves fallas, no sabemos con certeza si de tipo estructural o geológico, a lo que se agrega problemas con el alcantarillado, que es muy deficiente. Lo real es que amenazan ruinas con inminente peligro para las familias que las habitan.
Ojalá la Contraloría, la Personería y el mismo IDM adelanten las investigaciones necesarias para establecer los responsables de semejantes atrocidades, y se les sancionen disciplinaria y/o patrimonialmente; y, si del caso, se hagan efectivas a los constructores las pólizas correspondientes.
No esperemos a que se presenten tragedias humanas para corregir lo que aún tiene remedio.
