Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley estatutaria de reforma a la salud, que acaba con el Plan Obligatorio –POS- y el llamado “paseo de la muerte”, pero deja vivas a las controvertidas EPS, que solo se transformarán y dejarán de cumplir algunas funciones.
Según el ministro de salud, Alejandro Gaviria, en el proyecto de ley que pasara ahora a consideración de las plenarias del Congreso de la República, se establece un nuevo modelo para las EPS: No afiliarán, no recaudarán, no manejaran los recursos, no habrá integración vertical.
Gaviria aclaró que el financiamiento de la salud seguirá siendo público porque una entidad del Estado manejará los recursos.
Además señaló que en el proyecto de ley ordinaria que reforma a la salud, hay “cambios de fondo”.
En desarrollo de la discusión, el senador Luis Fernando Velasco advirtió: “No estamos revocando las EPS, lo que estamos es pidiendo que el aseguramiento sea público”.
En este sentido, fue retirada una proposición presentada por varios senadores, encabezados por Karime Mota, Luis Fernando Velasco y Luis Carlos Avellaneda, que eliminaba de tajo las Eps y establecía que la salud es un derecho a cargo del Estado.
El senador Manuel Enríquez Rosero, advirtió que era un error sacar de tajo al sector privado, criterio que fue compartido por otros congresistas.
El senador Luis Carlos Avellaneda recordó que el propio presidente Juan Manuel Santos señaló que los graves problemas causados por las EPS, entre ellos el desfalco de más de 30 mil millones de pesos, solo afectaron a cinco de ellas.
PASEO DE LA MUERTE
Dentro del articulado de la nueva ley estatutaria de la salud se incluyó un parágrafo , propuesto por el senador Armando Benedetti, para acabar con el llamado “paseo de la muerte”.
Concretamente establece que “en los casos de negación de los servicios que comprenden el derecho fundamental a la salud con independencia a su circunstancia, se aplicarán sanciones penales y disciplinarias tanto a los representantes legales de las entidades a cargo de la prestación del servicio, como a las demás personas que contribuyan a la misma.
Benedetti señalo que con esta disposición “no habrá ninguna entidad de salud que se niegue a prestar el servicio a una persona alegando no estar afiliada o no contar con los recursos suficientes porque, si lo hacen, podrán ir a la cárcel. El directo responsable será el representante legal de la prestadora de salud y todos los funcionarios, incluidos médicos, que hayan propiciado un paseo de la muerte”, añadió.
En otros aspectos, el proyecto de ley estataturia aprobado por las comisiones, establece que la salud es un derecho fundamental y su prestación es “un servicio publico esencial obligatorio”, que se ejecutará bajo indelegable dirección del estado.
En consecuencia, se eliminan todas las barreras que hasta al momento han convertido el acceso a la salud un verdadero viacrucis para los colombianos, pues señala que se trata de un derecho autónomo e irrenunciable, al cual los colombianos deben tener acceso oportuno, eficaz y con calidad.
Dentro de este contexto, se acaban autorizaciones para servicios y tecnologías de salud y se garantiza atención de urgencias sin exigencias previas.
Se excluyen servicios cosméticos o suntuarios, sin evidencia científica de seguridad y efectividad clínica o en fase de experimentación.
El proyecto de ley estatutaria fue aprobado por el Senado, por 14 votos a favor y cero en contra y por la Cámara, 30 por el sí y cero por el no.
En bloque se votaron y aprobaron los artículos que no tenían ninguna discusión:2,3,4,5,6,7,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21. La mayoría de manera absoluta votó positivamente.
Las comisiones constitucionales votaron mayoritariamente los nuevos temas relacionados con el ámbito de aplicación, la política pública en salud, la divulgación de información sobre procesos científicos, la política de innovación, ciencia y tecnología en salud, la política farmacéutica nacional.
Igualmente se aprobó una proposición que ordena crear una estructura especial en la Defensoría del Pueblo para que vigile y haga cumplir a cabalidad la Ley Estatutaria y lo que se implemente en la futura Ley ordinaria que aprobarán las Comisiones Séptimas.
La norma pasa a consideración de las plenarias de las dos corporaciones en un plazo de 8 días.
Previamente a la votación del proyecto, el senador del partido de la U Jorge Ballesteros presentó dos impedimentos, uno de ellos porque una IPS le aportó dinero para financiar su campaña al Congreso en 2010.
El hecho tuvo especial relevancia debido a que Ballesteros es nada menos que el coordinador ponente del proyecto de ley ordinaria de reforma de la salud que comenzará su trámite en la Comisión Séptima del Senado.
Ballesteros dijo: “Presenté dos impedimentos. Uno porque un sobrino es el gerente regional de Caprecom y otro porque para la campaña de 2010 al Senado recibí un aporte de una IPS, una clínica privada, de la ciudad de Riohacha. Quería ser transparente en el desarrollo de la discusión”.
El legislador aseguró que la donación se la dio la Clínica Renacer y que la reportó al Consejo Nacional Electoral
“Quería ser transparente en el desarrollo de la discusión”, precisó Ballesteros.
Aunque Ballesteros presentó impedimentos ante la Comisión, sus colegas se los negaron y lo habilitaron para seguir liderando el debate del proyecto, que tiene el respaldo del Ejecutivo.
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