OPINIÓN / La restitución de la personería jurídica a la Unión Patriótica

En el año 2002, el Consejo Nacional Electoral, integrado por representantes de los partidos de la oligarquía, tomó la arbitraria decisión de despojar a la Unión Patriótica de su Personería Jurídica, argumentando que no había obtenido el número de votos necesarios para conservarla. De esta manera, al exterminio de sus militantes se le sumaba la pérdida del reconocimiento legal y se le daba el golpe de gracia a la organización política que mejor encarnaba la oposición al régimen dominante.

Once años después, porque en casos como este la justicia colombiana rara vez falla oportunamente, el Consejo de Estado ha declarado nulas las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que le pusieron fin a la vida legal de la Unión Patriótica y ha dicho que su Personería Jurídica siempre estuvo vigente porque su no participación en las elecciones de 2002 se debió a que “no contó con las condiciones de garantía indispensables para vincularse a la contienda electoral”.

La Unión Patriótica nació en 1984 como resultado de los Acuerdos de La Uribe entre el Gobierno Nacional y las FARC. Realizó su primer Congreso en 1985 y en las elecciones de 1986 obtuvo 14 curules en el Congreso de la República (5 senadores y 9 representantes a la Cámara), 19 diputados, 7 consejeros intendenciales, 8 consejeros comisariales, 351 concejales y el nombramiento de 25 alcaldes por haber obtenido la votación mayoritaria, pues en esa época no había elección popular de alcaldes.

El éxito electoral de la Unión Patriótica, que la proyectaba como una alternativa real de poder para el pueblo, desató una campaña criminal contra sus militantes por parte de la ultraderecha y el militarismo que entre 1984 y 1997 les costó la vida a dos candidatos presidentes, 8 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 145 concejales, en tanto que en el transcurso de la guerra sucia, fueron asesinados unos 5 mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano en lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como un genocidio político cuya responsabilidad corresponde al Estado colombiano.

Para tratar de justificar la barbarie, la derecha inventó, entonces, la teoría de que la causa del exterminio era la “combinación de las fuerzas de lucha”, sin que nunca haya presentado una sola prueba concreta que sustente semejante afirmación, de manera que al crimen le ha agregado la calumnia contra las víctimas.

En tales condiciones, la restitución de la Personería Jurídica a la Unión Patriótica rectifica unas decisiones arbitrarias e ilegales del Consejo Nacional Electoral, pero queda pendiente el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas por parte del Estado, lo mismo que las garantías de no repetición, que solo pueden otorgarse haciendo los cambios democráticos avanzados que necesita la sociedad para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar en paz con democracia real, justicia social y soberanía nacional.

Nos congratulamos por el triunfo jurídico obtenido por la U.P., felicitamos a sus dirigentes y expresamos nuestra certeza de que en las nuevas circunstancias la organización será fiel a su trayectoria histórica y jugará un papel destacado en la construcción de la alternativa política amplia, unitaria y de izquierda que necesita el pueblo colombiano para disputarle el poder a la oligarquía e incorporar a nuestro país al proceso de cambios que se desarrolla en América Latina.