Por: ÁLVARO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Editor Político RISARALDAHOY.COM
El fantasma de la ley de garantías asomó hoy sus narices, bajo el manto de circular número 16 del 3 de septiembre, expedida por el implacable Procurador Alejandro Ordóñez.
La temida pero esperada nota que le revuelca la cabeza a más de un gobernante en este caribeño país y no deja dormir a más de un espeso burócrata, puntualiza que para las elecciones a Congreso no habrá contratación a partir del 9 de noviembre.
La medida busca frenar en seco a quienes juegan con “irregularidades que afecten el adecuado desarrollo del proceso electoral”. De paso, saca la figura de la Ley de Garantías como tarjeta amarilla que recuerda la “temporada alta“ de la política acerca del inicio de las prohibiciones existentes para cada elección.
Dentro de las bellezas normativas expresas, figuran:
-No podrán celebrarse convenios interadministrativos para la ejecuciòn de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampo0co de las que participen como miembros de sus juntas directivas m en o para reuniones de carácter proselitista.
-Tampoco se podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos o voceros de los candidatos a la Presidencia y vicepresidencia de la República o el Congreso.
-No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento m ni el transporte de electores de candidatos.
-No se podrá modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad.
Aclara la circular que para hacer inspección, está la Comisión Nacional de Control y asuntos electorales, adscrita de manera directa al despacho del Procurador General.
Invita de paso a la ciudadanía en general, a hacer veeduría de las conductas de los servidores públicos.
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