Este jueves se presentó un “choque de trenes” entre el fiscal general, Eduardo Montealegre, y el procurador Alejandro Ordóñez a raíz de una inspección a una notaría, que tenía como objetivo encontrar los poderes que el jefe del ente acusador ostentaba como representante legal de Saludcoop.
En concreto, los investigadores del ministerio Público buscaban el documento expedido al momento en que Montealegre renunció a todos los poderes que tenía como abogado de Saludcoop.
Por su parte, la norma señala que el Procurador no tiene facultades para investigar al Fiscal General, esto es competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

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