En reciente entrevista realizada por el periódico digital RISARALDAHOY, el señor Alcalde de nuestro municipio afirmó su propósito de ejecutar obras de infraestructura por alrededor de $150 mil millones, financiadas parcialmente a través de impuesto de Valorización.
Recordamos que en octubre de 2012 se presentó ante el Concejo el proyecto de Acuerdo #028, el que rápidamente fue retirado a causa del alud de insanas críticas que se hicieron por algunos sectores de la ciudad; especialmente, porque en la estructuración de las obras tuvo bastante participación el Área Metropolitana de Centro Occidente.
Nuestra ciudad ya rebasa los 200 mil habitantes, que sufren por el pésimo estado de las vías y por falta de otras muchas que permitan la interconexión con importantes sectores. Es cierto lo que afirma el Alcalde, que tenemos un retraso de, al menos, 20 años. De ahí la precaria situación del transporte público y los constantes daños de los automotores.
El sistema de VALORIZACIÓN, de vieja data, se estableció por el Estado Colombiano para coadyuvar a la ejecución de grandes obras de infraestructura, que no sería posible sin la contribución de los ciudadanos por el beneficio que ellas produzcan a los inmuebles que han de ser gravados. Así ha ocurrido en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, etc. que han logrado un vertiginoso desarrollo urbano.
Y es que la situación presupuestal de nuestro municipio es precaria. Para la muestra un botón. Veamos el presupuesto para este año, 2014:
La dependencia de los ingresos por transferencias es altísima, el 65,5% del total y, además, tienen destinación específica; la ejecución por recuperación de cartera, 5,6%, nos parece incierta. Ahora veamos los egresos presupuestados:
A pesar de que la inversión global representa el 81,7% del total de egresos, tiene un gran peso la inversión social que es del 73,4%. Y obsérvese cómo para inversión física únicamente se asigna el 8,3%.
Así las cosas, para adelantar obras de significativa incidencia en el desarrollo de nuestra red vial, es imperativo recurrir a la VALORIZACIÓN.
Desde ahora es necesario que se nos aclaren los siguientes aspectos:
1) La Valorización de 2012 se propuso por contribución general tanto para el sector urbano como rural; y ¿ésta, la que propone el Alcalde?
2) Se necesita conocer puntualmente qué obras se proyectan y los costos de cada una, mismas que deben ser socializadas con las comunidades potencialmente beneficiarias.
Ahora, como en 2012, exponemos nuestros puntos de vista sobre el particular:
a) Que la parte de las inversiones realizadas que deban asumir los propietarios de los inmuebles, sea mínima. Ya el Alcalde manifestó que el 60% ($90 mil millones) se asumirá con la pignoración de la sobretasa a la gasolina, si así lo aprueba el Concejo. Y que buscará otros recursos del orden nacional, presumiblemente con el apoyo de los congresistas de Risaralda. Dios quiera que despierten de su letargo estos señores políticos. Entre más recursos públicos se logren, menor será el gravamen para nuestros conciudadanos.
b) Que las obras proyectadas respondan a verdaderas y prioritarias necesidades y no para beneficios particulares.
c) Que tanto el presupuesto como el valor de ejecución de las obras sean reales; y que los proveedores de los materiales no sean los que ya están atornillados en las preferencias de algunos servidores públicos, sino que se seleccionen aquellos que den garantía de seriedad a través de precios, calidad, volumen y oportunidad en el suministro de los materiales requeridos.
d) Que si la contribución es general, se excluyan en el sector rural a los minifundios, excepto aquellos destinados exclusivamente a vivienda con avalúo catastral superior a $30 millones y a fincas de recreo. No es necesario hablar de los estratos 1 y 2, los que quedarían exentos según lo afirmó el Alcalde. Es un buen propósito.
e) Que prevalezca la honestidad y coherencia en la organización, distribución, recaudo, manejo e inversión tanto de los recursos públicos como de los de contribución. Esto conlleva dos factores de suma importancia: uno, que se cumplan estrictamente los plazos de ejecución de las obras, a fin de evitar sobrecostos e incomodidades en el comercio y obstáculos en el transporte, incluido el uso de los garajes; y dos, alta calidad de las mismas, esto es que tengan una vida útil mayor a los 20 años.
f) Inversiones por tan significativa cuantía, $150 mil millones, creemos que amerita la designación de un(a) Auditor(a) General, ya que las Contralorías ejercen su acción fiscalizadora con posterioridad a la ejecución de las obras. Este servidor público velaría más por la parte económica, ya que para la técnica estarán los Interventores de las obras.
g) Que se haga una revisión para actualización del Acuerdo #023 de septiembre 26 de 1999, que en suma es el Estatuto de Valorización vigente.
h) Que se nos informe a cuántos años se diferirá la deuda por valorización y qué porcentaje será el del interés. Esperamos que no sea superior al DTF + 5%.
i) Que se exprese claramente cómo se obtendrán anticipadamente los recursos económicos correspondientes a los gravámenes por valorización que los propietarios deberán pagar.
j) Por trillado o bien sabido, no sobra decirlo: que la mano de obra no calificada y la semicalificada sea del sector donde se ejecuten las obras o, al menos, que se asuma con trabajadores locales.
k) Se debe informar de manera expresa: i) costo real de cada obra; ii) valor estimado de los imprevistos; y iii) valor de los gastos de distribución y recaudo de las contribuciones.
l) Finalmente, crear un incentivo para que quienes puedan y quieran pagar de contado el gravamen por valorización, lo hagan, evitándose así las molestias y costos de la cancelación de la correspondiente anotación en el registro de instrumentos públicos.
Nuestros abuelos solían decir: CUENTAS CLARAS Y CHOCOLATE ESPESO. Y eso es lo mínimo que esperamos.
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