El Consejo Superior de la Judicatura dejó en firme esta mañana la destitución y la inhabilitación por 15 años del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, con lo cual el funcionario estaría obligado a salir del cargo, pero faltan dos decisiones, una del Consejo de Estado y otra, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En otros términos la sala disciplinaria del alto tribunal aprobó la ponencia presentada por el magistrado Pedro Alonso Sanabria y que negó las 300 tutelas interpuestas por igual número de ciudadanos a favor de Petro.
Igualmente, los magistrados reafirmaron la facultad del Procurador para imponer sanciones a los funcionarios públicos, incluso los elegidos por voto popular.
En este sentido, la ponencia aprobada establece que “la facultad que le otorgó el legislador a la Procuraduría para imponer sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del pacto de San José de Costa Rica”.
Sin embargo, el retiro de Petro del cargo de alcalde capitalino depende del fallo del Consejo de Estado sobre otras 23 tutelas que también suspendieron la destitución al alcalde.
Igualmente está pendiente una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, a la cual el alcalde Petro pidió medidas cautelares frente a la decisión del Procurador Alejandro Ordoñez de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años.
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