Por: ÁLVARO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Especial para RISARALDAHOY.COM
Como un damnificado y una persona que se siente atropellada, se autoproclamó hoy ante la Asamblea, el diputado José María Rosero, quien deberá cancelar en cómodas cuotas mensuales $24 millones, ya que su camioneta de propiedad figura inscrita en Dosquebradas y no en el Valle donde paga los impuestos de automotor.
Como respuesta al delicado hecho su sueldo de diputado del Risaralda, fue embargado. Sin embargo el gobierno trata el caso para desistir de la medida una vez analizado el mismo.
Solo tirando para atrás la medida la Secretaría de Hacienda, de Fiscalización y la Tesorería, lo salvaría de la incómoda posición que se llevó buena parte del debate de la Asamblea hoy y que curiosamente se centraba en aprobación del abultado presupuesto por 308 mil millones para el Departamento.
Pese a las explicaciones de no ser inscrito nunca en los registros de la gobernación desde 1999 y negársele años después el acomodo de la matricula para cancelar el mencionado impuesto (lo hace en Andalucía, Valle), el duelo verbal y jurídico por la legalidad de la acción, permitió un agudo enfrentamiento.
Tránsito de Dosquebradas no aceptó el cambio pedido.
Esta medida se necesita revisar porque el daño está hecho, dijo con temple en su propia defensa el diputado del partido de la U, quien insistía que el carro nunca fue reportado en la Hacienda del Risaralda.
El hecho provocó que se citara para una posterior sesión al secretario de Hacienda y su equipo para que explique a fondo qué está pasando con los recaudos.
De manera increíble y de acuerdo con cifras citadas por el titular de Hacienda, 38 mil personas han sido embargadas y en el pedazo de la acción en la que se coló la del diputado Rosero, 8 personas más fueron “clavadas” con embargo. El Tesorero cumple al pie de la letra la decisión del cobro coactivo, pese al encarte suscitado hoy.
El tema es delicado y donde existan fallas, debe corregirse, indicó el nuevo presidente de la Asamblea, John Jairo Arias, militante de su propia bancada. Fue una injustica, admitió Hugo Armando Arango de la bancada conservadora.
La jefe de fiscalización indicó que dicha medida era igual para un campesino, un diputado que para un ciudadano del común, al defender el papel del gobierno en ese polémico cobro.
Se espera que las aguas financieras vuelvan a su cauce y no se haga efectiva la medida que podría tardar hasta uno o dos meses. Ya de su sueldo le fue descontada la primera cuota por 5 millones de pesos.
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