El Consejo de Estado les declaró la muerte política porque tenían familiares en alcaldías.
Fuente / El Tiempo.com. La polémica surgió por la pérdida de investidura de Ricardo Valencia y Libardo García, dos representantes a la Cámara, a quienes el alto tribunal marginó del Congreso.
Los legisladores fueron despojados por el Consejo de Estado de sus curules, aduciendo que habían violado el régimen de inhabilidades. En el caso de Valencia, su esposa era alcaldesa de Dosquebradas (Risaralda), y en el de García su padre era mandatario local de Fundación (Magdalena).
La polémica surgió porque en ambos casos el Consejo Nacional Electoral (CNE) les entregó un concepto favorable para ser candidatos, ya que la norma indica que la inhabilidad se aplica cuando el pariente del aspirante ejerce autoridad en la misma jurisdicción, lo que no los afectaba.
De acuerdo con Joaquín José Vives, presidente del CNE, "lo único que hizo el Consejo Nacional Electoral al emitir conceptos sobre la ausencia de inhabilidad de estos candidatos y al negar la revocatoria de su inscripción por el mismo motivo, fue acogerse a la reiterada jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado".
Según Vives, en esa jurisprudencia "se dice que en estos casos o en estas circunstancias no se constituye una inhabilidad. Lo que con posterioridad ocurre es que la Sala Plena del Consejo de Estado, al decidir sobre pérdida de investidura, tiene un criterio distinto al que en los procesos de nulidad, por casi una década, viene aplicando su Sección Quinta".
"La contradicción se presenta esencialmente entre jurisprudencia del Consejo de Estado. Una misma circunstancia se aprecia de manera distinta en la Sala Plena y en la Sección Quinta", agregó el presidente del tribunal electoral.
Según Fernando Brito, procurador delegado ante ese alto tribunal, "en el caso de Valencia, el Consejo de Estado estimó que el peso que su señora tenía en el tema electoral era muy alto y eso generaba desigualdad con el resto de los candidatos".
Valencia obtuvo 17.398 votos en Risaralda, de los cuales 8.539 fueron depositados en Dosquedradas, municipio en el cual, de lejos, obruvo la más alta votación.
García, en cuyo caso aplicaron la misma lógica, dijo: "Presentaremos una tutela en la que pediremos proteger lo que la Procuraduría conceptuó, que se apliquen los principios de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad".
Por casos como estos están en fila, por el momento, los representantes a la Cámara Mónica Anaya, Héctor Javier Vergara e Issa Eljadue.
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