El Consejo de Estado les declaró la muerte política porque tenían familiares en alcaldías.
Fuente / El Tiempo.com. La polémica surgió por la pérdida de investidura de Ricardo Valencia y Libardo García, dos representantes a la Cámara, a quienes el alto tribunal marginó del Congreso.
Los legisladores fueron despojados por el Consejo de Estado de sus curules, aduciendo que habían violado el régimen de inhabilidades. En el caso de Valencia, su esposa era alcaldesa de Dosquebradas (Risaralda), y en el de García su padre era mandatario local de Fundación (Magdalena).
