OPINIÓN / Congreso Verde Oliva

Esta semana se respira verde. Se respira derechos humanos vs obediencia debida. A prueba el Derecho Internacional Humanitario.

El gobierno “armó” su Unidad nacional, para calmar a quienes despachan desde la instancia militar. Ante el Congreso, ya fue radicado el proyecto en la secretarìa de  la Cámara e inicia sus  8 debates, será “objetivo militar” -para decirlo de manera figurada - con la discusión del tema.

Los congresistas por Risaralda votarán a favor del Si, al fuero para los militares.

 Un proyecto de enmienda constitucional que reforma la justicia penal militar (su parte sustancial: se aplicará el derecho internacional humanitario para actos relacionados con el conflicto armado; los delitos de lesa humanidad nunca irán a tribunales castrenses, y se fijan las bases para crear la justicia penal policial.

Servirá para aclarar “muchas zonas grises”,  lo resaltó el propio Ministro civil de la Defensa.

Muchos nervios escalan hoy en Colombia ante la paniquiada militar que se siente al no valorar las garantías que se le debe dar a lo militares para atacar el conflicto armado que se vive, sin violar los derechos humanos. Los militares quieren que las garantías estèn en la Constitución para “enfrentar a los actores ilegales”. Confianza para actuar “contra las distintas amenazas que atentan contra el pueblo colombiano”, lo repiten una y otra vez.

Pero cuáles son  ¿los  límites de la fuerza pública,  su capacidad ofensiva, los llamados ataques sorpresas? He ahí  dilemas mayores. Hemos estado en el trapecio en una ambivalencia sin resolver a lo largo de gran parte de la historia.

Se actúa sin mucha claridad en el escenario de la guerra, sobre competencias a seguir y sin dirimir con certeza.

 En el fondo, el problema es uno: “en el momento de incurrir en una conducta punible, éstos (los  militares)  tengan la garantía de ser investigados y juzgados por sus pares, quienes poseen un conocimiento profundo de los derechos y obligaciones que conlleva la vida militar”.

Dos elementos en la esencia misma del fuero penal militar que se discutirà en las sesiones ordinarias del Congreso: en relación con el servicio ( elemento objetivo)  y ser miembro de la fuerza pública en servicio activo ( elemento subjetivo).

El temor radica, para muchos sectores de la llamada sociedad civil - a la que los propios militares defienden-  en  que no desborde la ley o se convierta en abuso e incluso en escandaloso  privilegio. Es decir, que esa propia Justicia Penal Militar no oriente sus fallos con objetividad e imparcialidad.

Digámoslo de manera breve y puntual: “La Justicia penal militar es entonces, una jurisdicción que administra justicia, pero de forma excepcional, por los asuntos de los cuales conoce y por las personas llamadas a juzgar”.

El proyecto que se empezarà a debatir y que redactado y pensado por una comisión de especialistas, incluye que  "en ningún caso la justicia penal militar conocerá los crímenes de lesa humanidad, ni los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores".

En el artículo 3 del texto quedó plasmado que "cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública, en relación con el conflicto armado, sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el DIH".

Habrá que revisar,en contexto general del articulado, las implicaciones que tendrá para Colombia otros temas conexos como la creación de un tribunal de garantías penales contra uniformados, la creación de juzgados y tribunales penales policiales y la adopción del Código Penal policial y un fondo especial para la defensa de los militares.

Muchas las preguntas y las dudas que se tendrán que resolver para hacer mayor claridad sobre un tema fundamental para la institucionalidad nacional y para cerrarle boquetes al conflicto.

Colombia no puede seguir en la encrucijada de la guerra y buena es la política para aminorar su desbocada.