Diputado Alonso Molina propone relanzamiento del 'Pacto Cívico' en Pereira

El diputado de Risaralda Alonso Molina Corrales le propuso al Alcalde Pereira relanzar el Pacto Cívico, que buscaba solucionar la problemática de la ocupación del espacio público por parte de vendedores informales que defienden su derecho al trabajo, pero con la suscripción de compromisos por parte de todos los estamentos ciudadanos e institucionales y con una verificación externa del cumplimiento de lo acordado por las partes.

“Señor Alcalde, lo estoy invitando a que revise los términos del Pacto Cívico vigente, para corregir sus vacios, identificar qué no se cumplió y por qué e incorporar a más actores sociales e institucionales, para que en un gran acto público en la Plaza de Bolívar, lo suscribamos todos y nos comprometamos con sus términos y nos sometamos a un proceso de verificación externa con el concurso de veedurías ciudadanas, los organismos de control y el Ministerio Público. 



Así, quien viole las normas y los acuerdos, no se verá amparado por la indiferencia o la desinformación, el cumplimiento de los derechos humanos será asunto de todos y el trabajo y el espacio público serán realidad en Pereira”, le dice el dirigente liberal al final de una carta donde hace un recuento del proceso y señala algunas de las fallas que lo condenaron al fracaso.

Molina Corrales recuerda que desde muy temprano hablo de la necesidad de un Pacto Ciudadano para trabajar por la coexistencia armónica del derecho al trabajo y al uso y goce del espacio público (http://elcorreodealonso.blogspot.com/search?q=Pacto+ciudadano) y  que respaldo la iniciativa del gobierno local, Fenalco y la Universidad Católica; aunque criticó el  hecho de no haber involucrado en la suscripción de los compromisos a muchos más actores ciudadanos e institucionales, no haber incorporado mecanismo de veeduría y el incumplimiento de lo acordado sin ninguna consecuencia.

En la carta, el diputado dice que deben tener obligaciones claras los vendedores informales, los comerciantes formales y sus órganos gremiales, la administración municipal, los organismos de seguridad, los políticos, los organismos de control, las veedurías ciudadanas y el Ministerio Público y el incumplimiento de las mismas debería acarrear consecuencias para el responsable.

“Con responsabilidad, solidaridad y disciplina social, podremos garantizar la armónica realización del derecho al trabajo que tienen los comerciantes informales y el derecho al uso y goce del espacio público de la ciudadanía en general”, puntualizo el dirigente.