Contraloría Municipal 'pone en cintura' al alcalde Enrique Vásquez Zuleta

José Nelson Estrada
Contralor Pereira

El contralor Municipal de Pereira, José Nelson Estrada Henao, hizo un llamado a través del Control de advertencia, al alcalde Enrique Vásquez Zuleta, para que tome las medidas e inicie las respectivas acciones legales a que haya lugar, tendientes a la recuperación de los lotes de terreno con destino a la construcción del Parque de Parques, mejor conocido como Parque Temático de Flora y Fauna, que fueron cedidos mediante Acuerdo 074 de 2003, aprobado por el Concejo Municipal de Pereira.

Ante las presuntas situaciones irregulares detectadas por este organismo de control, se encontró que por determinación de la Administración del proyecto Parque de Parques se definió que el sector para desarrollo del proyecto sea la zona sur, entre tanto los lotes aportados por el municipio están localizados en la zona norte, donde no se va a construir, lo cual contraría lo definido tanto en el texto del artículo 5 del Acuerdo 74 de 2003, como en el parágrafo del mismo que al respecto son bien precisos: 

“Los terrenos descritos en el presente acuerdo, serán de destinación exclusiva para la construcción del Parque de Parques. Parágrafo: Si en el término de dos (2) años contados a partir de la sanción y publicación de este Acuerdo, no se ha iniciado la ejecución de este macroproyecto, los bienes aportados a la entidad se revertirán al municipio”

Se espera entonces ya, en corto tiempo que este tema sobre el Parque de Flora y Fauna quede legal y satisfactoriamente solucionado, porque el tiempo transcurrido ya es considerablemente extenso.

Si bien es cierto la Sociedad de Mejoras ha expresado la intensión de devolución de estos lotes al Municipio; el Contralor advierte que esas buenas intensiones deben cristalizarse a través de escritura pública y antes de que termine el presente año, de otra forma, que el Municipio inicie las acciones pertinentes para suspender la prescripción del mismo.

Agregado a lo anterior se precisan las responsabilidades desde el punto de fiscal, penal y civil, de los particulares que manejan fondos o bienes del Estado según sentencias de la Corte y en concordancia con el Estatuto Anticorrupción que contempla sanciones para los particulares como administradores o integrantes de cualquier sociedad constituida.