Fallo del Consejo de Estado: Se hizo justicia con la autonomía municipal

Al tiempo que varios Concejales de Pereira, felicitaban al dirigente liberal Juan Carlos Reinales (autor de la demanda) por el fallo que determinó la nulidad de la estampilla Pro –desarrollo, éste a su vez, manifestó que se hizo justicia ya que se “afectaba al trabajador asalariado”.

Al reiterar las bondades de la decisión en derecho, advirtió de paso ante la Corporación que dicho accionar “reivindica la autonomía de los entes territoriales municipales, protege la inversión municipal y alivia la situación de ingresos de los contratistas”.  

De acuerdo con el Consejo de Estado proferido en segunda instancia “el tributo afecta a los trabajadores no asalariados, hoy sometidos a procesos de contratación con toda suerte de cargas fiscales y en medio de la desprotección prestacional y de su seguridad social, lo cual  pauperiza aún más a la ya desprotegida población que deriva recursos para su subsistencia de contratos ocasionales en los municipios”.

La decisión de la declaratoria de nulidad es del del literal b del artículo 3  de la ordenanza, (012 de mayo 7 de 2009) al ampliar “ el ámbito de aplicación de la estampilla haciendo extensiva su acción a todos los municipios del Departamento de Risaralda  y modifica el hecho generador: El contrato”.

“Esta no justifica los nuevos gravámenes que van en desmedro de la clase trabajadora de todos los municipios, no solo de Pereira sino también de aquellos que presentan condiciones menos favorables y máxime  en municipios con alto índice de desempleo y condiciones económicas difíciles”, precisa el fallo del Consejo de Estado.

EN CIFRAS 

De acuerdo con el concejal liberal de Pereira, Juan Carlos Reinales, en cifras “solo Pereira le ha transferido al Departamento por concepto de la estampilla, aproximadamente $15.500 millones, recibiendo solo una inversión concertada con el municipio de $2.500 millones que se invirtieron en el estadio en el año 2010”. 

“Siempre encontramos la desatención de las autoridades para realizar el plan de obras concertado con la Secretaría de Deportes y si eso pasó en  la  capital, que diremos en los otros municipios”. 

Queda entonces demostrada la extralimitación de funciones del Departamento de establecer tributos en los municipios y de vulnerar las órbitas fiscal, administrativa y financiera de los entes territoriales municipales, manifestó al hacer claridad sobre los alcances de la disposición que había recibido apoyo de varios diputados del Risaralda.

El tema fue blanco de debate el pasado fin de semana en el Concejo de Pereira, resaltando la coherencia de Reinales, acerca de los perjuicios recibidos para bien del deporte y otras actividades en la región.