En una disputa que llevaba varios meses entre el Estado y las dos compañías más grandes del negocio de telefonía celular, la Corte Constitucional dictó sentencia y dejó claro que las dos multinacionales tienen la obligación de devolver la infraestructura usada para el despliegue de redes en el país usadas antes de 1998 con el fin de proteger el interés general de los colombianos.
El alto tribunal dijo que “la infraestructura instalada bien puede estar siendo empleada para la prestación de otros servicios adicionales a los concesionados inicialmente, caso en el cual, y en aras de la continuidad de la prestación del servicio se podrá mediante las correspondientes compensaciones por parte de los concesionarios, continuar con el servicio, siempre teniendo como norte la defensa y conservación del peculio estatal”.
Eso, en otras palabras, quiere decir que las dos compañías podrán esperar a que el gobierno, por medio del Ministerio de las TIC, valorice esa infraestructura y defina un monto a pagar a favor del erario nacional. Una espera que podría tardar unos dos años.
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