OPINIÓN / ¿El Súper Consejo de Estado?

*Cristian Gutiérrez Álvarez
Columnista

En los últimos días han suscitado una serie de eventos a nivel de las altas cortes que nos tienen sumidos a los colombianos en una cadena de galimatías jurídicas. El primero de ellos conocidísimo por el país y el cual ocupo todas las páginas de los prestigiosos diarios hasta el mundial, fue la destitución del Burgomaestre del Distrito de Bogotá Gustavo Petro del cual hubo una mescolanza de derecho disciplinario, derecho administrativo, derecho internacional y un fuerte abuso al mecanismo poderosísimo de la tutela, la mal bautizada “tutelaton”. 

Obviamente soy defensor de la figura de la tutela, pues ha sido la mayor representación de protección de los derechos y de la premisa del derecho sustancial sobre el procedimental. Pero en este caso el Consejo de Estado tiene en sus manos la nulidad del fallo del Procurador, tal como lo hizo con el ex alcalde de Medellín Alonso Salazar. 

Luego un hecho en el cual estábamos muy crudos por lo joven de nuestra Constitución Política y que va a marcar una pauta discutible en las responsabilidades de los servidores públicos como lo es “la responsabilidad por el hecho del legislador” en condena que hiciera el Consejo de Estado al Congreso de la Republica por la expedición de la ley 633 del 2000 que creo la tasa especial por servicios aduaneros. Responsabilidad condensada bajo el argumento del Magistrado ponente Enrique Gil Botero sobre una falla del servicio, pues la sociedad GOODYEAR S.A. solicito la responsabilidad del Congreso por expedir una norma que posteriormente fuese declarada inconstitucional. Primer round del Consejo de Estado. 

Después en junio hogaño se tomó una decisión sin precedentes en las altas cortes tocando dos de sus cuasi intocables magistraturas, la queridísima y respetadísima Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. En el primer caso el Magistrado Alberto Rojas quien fue designado por el mismo Consejo de Estado aludió que se había incurrido en un error al definir su terna para la Corte Constitucional, que los Magistrados se vieron “obligados” a revelar su voto, desconociendo su propio reglamento interno sobre dicha elección. En el segundo caso pretende acabar con la figura del “yo te elijo, tú me eliges” toda vez que el Magistrado Francisco Ricaurte participo cuando era Magistrado de la Corte Suprema de la elección de varios Magistrados de los cuales también lo eligieron para hacer parte del Consejo Superior de la Judicatura, es decir la rotación de los magistrados por años en las altas Cortes, vaya intríngulis jurídica. Segundo round del Consejo de estado y sube su buena imagen en las ultimas encuestas reveladas. 

En esta última decisión del Consejo de Estado, se abren las puertas a la reforma a la justicia tal como ha quedado establecido en las ponencias, empero, muchos esperamos que se fortalezcan las barras de abogados, los centros de pensamiento jurídicos y por ende la academia en la designación de tan altas distinciones jurídicas. 

Pero sin duda alguna la más delicada y que marcaría la pauta del derecho Constitucional en contexto, es la posible anulación del Consejo de Estado de la elección del señor Procurador de la Nación Alejandro Ordoñes. Esta obedece a una demanda de uno de los más respetables juristas contemporáneos el Doctor Rodrigo Uprimny, donde hoy el argumento fuerte esboza la no posibilidad de reelección de la figura del Procurador, por no estar establecida esa regla expresamente en la Constitución como lo existe para otros funcionarios de altas jerarquías. Empero, existe otro argumento que resulta más poderoso que el anterior, similar a lo del Magistrado Rojas el cual resulta de la designación del Procurador por la Corte Suprema sin hacerlo por voto secreto, tal como lo estipula su reglamento interno. Lo que en el avance de la autonomía y discrecionalidad de los jueces, aunado al principio de iura novit curia, terminaría en una reforma propuesta por los jueces y no por su competencia natural que corresponde al Congreso de la Republica. Tercer y definitivo raund para el Consejo de Estado. 

Yo espero que estos episodios correspondan a la seguridad jurídica y al avance del derecho y no resulte un salto emocional de eticidad de una Corte por ganar adeptos ante la sociedad como en sus momentos con fallos mediáticos lo han conseguido las demás altas Magistraturas. 

CRISTIAN GUTIERREZ ALVAREZ
Columnista
Abogado

Maestrando en Derecho Publico