El instrumento de valorización como mecanismo de desarrollo urbano es necesario y valioso, siempre y cuando se utilice de manera rigurosa en lo técnico y justa en relación con la situación de quienes deban hacer la contribución. Debe estar precedida por estudios que sean coherentes con un desarrollo integral de la ciudad, que determinen el beneficio predial real y, además, considere soluciones para aquellas situaciones particulares donde el propietario no esté en condiciones de pagarla.
No han sido estos los criterios usados en el pasado en la ciudad cuando se ha utilizado este mecanismo. La verdad es que todavía tenemos obras cobradas e inconclusas, determinadas por administraciones anteriores y, en otros casos, con cargo al presupuesto municipal, que es patrimonio de todos, se han hecho obras que beneficiaron a particulares y que pudieron ser hechas mediante los diversos instrumentos de gestión del suelo que la ley autoriza.
A lo anterior se suma una profunda desconfianza de la ciudadanía sobre las actuaciones de los Gobernantes, resultado de un acumulado histórico de desaciertos en la contratación pública.
En el caso actual de las obras que se pretenden construír hay una manifiesta inconformidad de los propietarios por los cobros elevados resultantes de la distribución de los costos asociados a éllas, lo cual debe ser evaluado y tomado en cuenta por el Gobierno Municipal.
Se están elevando recursos de reposición contra la resolución 367 del pasado 16 de enero que determina el monto y las características de la distribución del gravamen, con serios cuestionamientos en lo jurídico. PEREIRA FIRME considera que lo mínimo que deben garantizar las autoridades es que actúen de acuerdo a derecho, y por ello acompaña la solicitud de revocatoria, como paso previo a un re estudio, con todo el rigor de la planeación y de lo técnico, del proyecto de valorización aludido.
PEREIRA FIRME expresa su convencimiento y decisión de superar, con sus acciones en el futuro gobierno de la ciudad, el sentimiento de profunda desconfianza que hoy caracteriza la relación de la ciudadanía con sus gobernantes. Además, su real preocupación y voluntad para conformar un equipo gerencial para el desarrollo de la ciudad, que se ajuste a todos los criterios de la planeación y el buen gobierno.
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