Los militares fueron capturados en la capital de Risaralda por miembros del CTI.
Un sargento segundo y un soldado profesional del Ejército Nacional adscritos al Batallón San Mateo de Pereira (Risaralda), presuntamente implicados en la pérdida de 403 armas de fuego que eran custodiadas en esa unidad castrense, fueron cobijados con medida de aseguramiento y enviados a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares; tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de uso personal, y peculado por apropiación.
