El diputado Alonso Molina Corrales le solicitó a la Contraloría de Risaralda, por medio de una proposición aprobada por la Asamblea, verificar si las administraciones municipales del mencionado departamento han cumplido con el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, en el sentido de incorporar a sus planes de desarrollo, los programas y proyectos orientados a la gestión del riesgo en sus respectivas jurisdicciones, en el término de un año contado desde la sanción de la norma.
En el marco del debate adelantado por la Duma en relación con los problemas estructurales, contractuales y operativos del colegio de Málaga en Pereira, el dirigente expresó que muchos aspectos del caso hacen parte del tema de gestión del riesgo que pretende impulsar la ley citada y que exige a las entidades territoriales incorporar a los procesos de planeación y organización del territorio, criterios para asegurar el desarrollo sostenible y proteger la vida y bienes de los ciudadanos.